Una definición ampliamente aceptada de sostenibilidad es la siguiente: “todas aquellas prácticas que permiten satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades propias.”
Dichas prácticas deberían implantarse de forma voluntaria, no como consecuencia de un requerimiento legal.
La nueva Directiva 2022/2464 sobre la presentación de información sobre sostenibilidad (CSRD) por parte de las empresas, la cual debe ser traspuesta por los Estados miembros antes del 6 de julio de 2024, identifica además de las empresas que tienen obligación de llevar a cabo informes de sostenibilidad, la metodología con la que dichas empresas deben realizar la comunicación de dichas prácticas: Estándares Europeos del Reporte en Sostenibilidad (ESRS).
Las empresas obligadas a realizar informes de sostenibilidad son las siguientes:
- Desde1 de enero de 2024 (informes presentados en 2025) grandes empresas de interés público (más de 500 empleados) ya sujetas a la directiva sobre información no financiera.
- Desde el 1 de enero de 2025 (informes presentados en 2026), para las grandes compañías no sujetas a la directiva sobre información no financiera (más de 250 empleados y/o una facturación de 40 millones de euros y/o de 20 millones en activos totales.
- Desde 1 de enero de 2026 (informes presentados en 2027), para las pymes cotizadas y otras empresas.
- Desde 1 de enero de 2027 (informes presentados en 2028), para empresas de fuera de la UE que cumplan ciertos requisitos.
La Directiva recoge la exención de tener que presentar un informe de sostenibilidad a las empresas integradas en un grupo industrial, que según estos criterios tuvieran que hacer dicha comunicación, justificando la presentación por parte de la matriz.
La obligación de adoptar el estándar ESRS en la elaboración de los informes supone un avance, al homogeneizar la información aportada.
El potencial de implantación voluntaria en la gestión de la empresa de prácticas de sostenibilidad en aspectos ambientales, sociales y de gobernanza es considerablemente mayor, que la que obedece a una obligación legal:
según el último informe PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en España existen 2.930.969 PYME (0-249 asalariados) que dan empleo a 11.130.222 personas y 5.516 GRANDES EMPRESAS (250 asalariados o más) que dan empleo a 6.338.707 personas.
El peligro está en que debido a la libertad de comunicación en el ámbito voluntario, se pierda rigurosidad, pudiendo llegar a quedar desvirtuado la percepción del concepto de sostenibilidad.
Las empresas que adopten una estrategia de sostenibilidad en su gestión, sin estar obligados a informar según los estándares ESRS, deberían emplear alguno de los existentes para la elaboración de sus memorias; los cuales, pese a su rigor, están lejos de los ESRS.
